MEMORANDUM
DATE: August 17, 2026.
REF: Sentencia delimita los formalismos excesivos para el otorgamiento del estímulo fiscal previsto en el artículo Trigésimo Cuarto Transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2025.
El pasado 15 de junio de 2026 el Juzgado Decimoprimero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México dictó sentencia definitiva mediante la cual otorgó el amparo y protección de la Justicia Federal a una empresa representada por Tena Abogados, S.C., en contra de dos resoluciones emitidas por el Servicio de Administración Tributaria (“SAT”), relacionadas con la aplicación del estímulo fiscal previsto en el artículo Trigésimo Cuarto Transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2025.
La sentencia reviste especial relevancia al desarrollar los alcances constitucionales del principio conforme al cual las autoridades administrativas deben privilegiar el análisis sustancial de las solicitudes sometidas a su consideración, evitando que formalismos carentes de sustento legal se conviertan en obstáculos para el ejercicio de derechos o el acceso a beneficios previstos expresamente en la legislación.
En particular, la sentencia establece que, cuando una autoridad administrativa resuelve una solicitud que incide directamente en la esfera jurídica de los particulares, su actuación debe sujetarse no solo a los principios de legalidad y seguridad jurídica previstos en los artículos 14 y 16, sino también al derecho de acceso a la justicia y tutela judicial efectiva reconocido en el artículo 17, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
I. Antecedentes
La controversia tuvo su origen en una serie de actuaciones contradictorias por parte del SAT durante el procedimiento para solicitar la aplicación del estímulo fiscal previsto en la Ley de Ingresos de la Federación para 2025. En términos generales, los hechos relevantes fueron:
1.- Presentación de la solicitud. La empresa presentó oportunamente la solicitud correspondiente para acceder al estímulo fiscal, acompañando la documentación y manifestaciones exigidas por la normativa aplicable.
2.- Primer rechazo por cuestiones meramente formales. El último día del plazo previsto para solicitar el beneficio el SAT emitió un acuse mediante el cual tuvo por no presentada la solicitud, argumentando que determinadas manifestaciones realizadas bajo protesta de decir verdad no reproducían –literalmente– la redacción contenida en la ficha de trámite 10/LIF, aun cuando su contenido material satisfacía los requisitos previstos en la propia regulación. No obstante, en la misma determinación la autoridad concedió -expresamente- a la empresa la posibilidad de presentar una nueva solicitud para subsanar dichas observaciones.
3.- Presentación de una nueva solicitud. En atención a lo indicado por la propia autoridad fiscal, la empresa presentó -nuevamente- la solicitud incorporando las modificaciones sugeridas.
4.- Nuevo rechazo por supuesta extemporaneidad. Posteriormente, el SAT desechó esta segunda solicitud argumentando que había sido presentada fuera del plazo previsto en la Ley de Ingresos de la Federación, pese a que su presentación obedeció –precisamente– a la oportunidad otorgada por la propia autoridad para corregir los supuestos defectos advertidos en la primera solicitud.
Frente a dichas respuestas, Tena Abogados, S.C. promovió juicio de amparo indirecto considerando que ambas resoluciones vulneraban los principios de legalidad, seguridad jurídica y tutela judicial efectiva, al imponer requisitos formales no previstos en la legislación y emitir actuaciones contradictorias.
II. Criterios relevantes desarrollados por el Juzgado de Distrito
Al resolver el juicio el Juzgado Decimoprimero de Distrito en Materia Administrativa concluyó que la actuación del SAT resultó inconstitucional, al considerar que la autoridad privilegió exigencias meramente formales sobre el cumplimiento sustancial de los requisitos establecidos en la normativa aplicable.
La sentencia sostiene que las solicitudes mediante las cuales los particulares pretenden acceder a un beneficio fiscal no constituyen simples peticiones administrativas sino, por el contrario, implican el ejercicio de una pretensión cuya resolución debe observar las garantías derivadas del derecho de acceso a la justicia y tutela judicial efectiva previsto en el artículo 17 constitucional.
En ese contexto, el órgano jurisdiccional precisó que las autoridades administrativas tienen la obligación de emitir resoluciones completas, congruentes y exhaustivas, valorando integralmente las manifestaciones y documentación aportadas por los particulares, sin limitarse a una revisión meramente literal o fragmentaria de los formatos presentados.
La sentencia concluyó que exigir la reproducción textual de determinadas manifestaciones contenidas en la ficha de trámite constituye un formalismo excesivo cuando el contenido material de los requisitos exigidos por la ley quedó plenamente acreditado. Sobre el particular, el Juzgado sostuvo -entre otras consideraciones- lo siguiente:
“…estimar lo contrario conllevaría a un formalismo extremo al exigir que se replique palabra por palabra el texto señalado en la ficha de trámite, cuando el propósito perseguido por la norma fue plenamente satisfecho.”
Asimismo, el órgano jurisdiccional determinó que la autoridad fiscal omitió analizar de manera integral la información presentada por la empresa, limitándose a una valoración parcial de la solicitud, lo que vulneró los principios de congruencia y exhaustividad que deben regir toda actuación administrativa:
“…existe una falta de congruencia y exhaustividad al no apreciar de manera integral la solicitud presentada por la persona quejosa, limitándose a una lectura parcial y superficial, soslayando el contenido sustancial de sus manifestaciones y la documentación aportada.”
Finalmente, el Juzgado concluyó que los vicios que afectaron la primera determinación se proyectaron –necesariamente– sobre la segunda resolución, pues ésta fue consecuencia directa del requerimiento formulado por la propia autoridad para presentar nuevamente la solicitud.
III. Efectos de la sentencia
Como consecuencia de lo anterior, el Juzgado concedió el amparo para el efecto de que la autoridad responsable:
a) Deje insubsistentes ambas resoluciones impugnadas.
b) Emita una nueva determinación considerando de manera integral las dos solicitudes presentadas por la contribuyente.
c) Determine la procedencia del estímulo fiscal solicitado; expidiendo, en su caso, la correspondiente línea de captura para efectuar el pago.
IV. Conclusiones
Conforme a lo anterior, se advierte que la importancia de esta sentencia trasciende el caso concreto, pues reafirma que las autoridades administrativas no pueden convertir requisitos formales en obstáculos injustificados para el ejercicio de derechos reconocidos por la legislación, aun tratándose de estímulos fiscales a discreción de la autoridad. Esto es, el cumplimiento material de las exigencias previstas en la norma debe prevalecer sobre interpretaciones excesivamente rigoristas que desnaturalicen la finalidad del procedimiento administrativo.
Por su parte, el criterio fortalece la aplicación del principio de seguridad jurídica, al impedir que la propia autoridad genere consecuencias desfavorables derivadas de actuaciones contradictorias o inconsistentes, pues si la autoridad fiscal concede al particular la posibilidad de subsanar una solicitud, no puede luego desconocer los efectos de esa actuación para negar el beneficio, señalando supuesta extemporaneidad de la propia subsanación.
Finalmente, la sentencia constituye un precedente relevante para todos aquellos procedimientos administrativos en los que las autoridades pretendan rechazar solicitudes por incumplimientos meramente formales, pese a que el propósito sustancial de la norma se encuentre plenamente satisfecho.
En este sentido, el criterio representa un precedente relevante que justifica y permite combatir, a través del juicio de amparo, actuaciones administrativas que privilegien la forma sobre el fondo en contravención de los principios de legalidad, seguridad jurídica y tutela judicial efectiva.
Atentamente,
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