Uno de los debates más relevantes del derecho privado, particularmente en materia de obligaciones, consiste en determinar hasta qué punto un acto jurídico debe cumplirse conforme al principio pacta sunt servanda, cuando las circunstancias existentes al momento de su celebración cambian de manera extraordinaria y alteran sustancialmente el equilibrio de las prestaciones. Esta discusión ha adquirido especial relevancia en los últimos años frente a fenómenos como la pandemia ocasionada por el virus COVID-19, la inflación, los conflictos geopolíticos y el incremento de medidas comerciales proteccionistas.
En esencia, el problema consiste en conciliar dos principios que, aunque complementarios, suelen entrar en conflicto. Por un lado, el principio pacta sunt servanda, conforme al cual los contratos obligan en los términos pactados y constituyen la principal garantía de seguridad jurídica en las relaciones privadas. Por el otro, la cláusula rebus sic stantibus, que parte de la premisa de que las obligaciones fueron asumidas bajo determinadas circunstancias y que, si éstas cambian de forma extraordinaria e imprevisible, puede resultar necesario revisar el equilibrio contractual.
Lejos de representar una excepción al cumplimiento de los contratos, la teoría de la imprevisión busca preservar la finalidad económica que motivó a las partes a contratar, evitando que acontecimientos extraordinarios transformen una obligación inicialmente razonable en una carga excesivamente gravosa para una de ellas.
Bajo esta premisa, resulta pertinente analizar el alcance de esta teoría:
1.- Concepto. La teoría de la imprevisión reconoce que los actos jurídicos no se celebran en un contexto aislado, sino sobre determinadas condiciones económicas, jurídicas y sociales que las partes consideran razonablemente estables al momento de celebrarlos. Cuando un acontecimiento superveniente, extraordinario, imprevisible y ajeno a la voluntad de las partes altera sustancialmente esas condiciones, puede romperse el equilibrio originalmente pactado.
A diferencia del caso fortuito o la fuerza mayor, la imprevisión no supone la imposibilidad de cumplir una obligación. El cumplimiento continúa siendo jurídicamente posible; sin embargo, implica para una de las partes un sacrificio desproporcionado que excede los riesgos normalmente asumidos dentro del contrato.
La distinción no es menor. Mientras la fuerza mayor incide sobre la posibilidad misma del cumplimiento, la teoría de la imprevisión pretende corregir un desequilibrio económico derivado de circunstancias extraordinarias que las partes razonablemente no previeron al distribuir los riesgos del negocio.
2.- Marco jurídico. El Código Civil Federal (“CCF”) mantiene como regla general que los contratos obligan al cumplimiento de lo expresamente pactado, sin prever un mecanismo que permita revisar judicialmente las prestaciones cuando sobrevengan acontecimientos extraordinarios que alteren su equilibrio económico. La misma situación prevalece en materia mercantil, donde el Código de Comercio (“CC”) tampoco incorpora esta figura; criterio que ha sido respaldado por el Poder Judicial de la Federación al sostener que, como regla general, no corresponde al juzgador modificar las condiciones libremente pactadas por las partes.
La excepción más relevante se encuentra en el Código Civil vigente en la Ciudad de México (“CCCDMX”), que desde 2010 reconoce -expresamente- la teoría de la imprevisión en los artículos 1796, 1796 Bis y 1796 Ter. Conforme a dicho régimen, tratándose de contratos sujetos a plazo, condición o de tracto sucesivo, la parte afectada puede solicitar la modificación del contrato cuando acontecimientos extraordinarios, imprevisibles y de carácter nacional hagan excesivamente oneroso su cumplimiento. Si las partes no alcanzan un acuerdo dentro del plazo previsto por la ley, corresponde al juez determinar si procede modificar el contrato o autorizar su terminación.
Si bien esta reforma representó un avance importante, su aplicación práctica continúa siendo limitada. Uno de los aspectos más discutidos consiste -precisamente- en exigir que el acontecimiento tenga carácter nacional, lo que excluye diversos supuestos que podrían alterar significativamente el equilibrio contractual (como desastres naturales regionales, afectaciones locales en cadenas de suministro o crisis económicas que impacten únicamente determinados sectores o regiones del país).
Por otra parte, diversas entidades federativas han incorporado mecanismos similares en sus respectivos códigos civiles, aunque con requisitos y alcances distintos, lo que hace indispensable identificar la legislación aplicable antes de evaluar la viabilidad de invocar esta figura.
3.- Ámbito internacional. En el ámbito internacional, esta problemática ha sido abordada con mayor amplitud mediante la figura de la excesiva onerosidad (hardship), prevista en los “Principios UNIDROIT sobre los Contratos Comerciales Internacionales” los cuales constituyen uno de los principales referentes en materia de contratación comercial internacional.
Conforme a dicho ordenamiento, la circunstancia de que el cumplimiento de un contrato se torne más oneroso no libera, por sí sola, a una de las partes de sus obligaciones. Sin embargo, cuando acontecimientos sobrevenidos alteran de manera fundamental el equilibrio económico del contrato, ya sea porque el costo de la prestación se incrementa significativamente o porque el valor de la contraprestación disminuye de forma sustancial, y además dichos acontecimientos eran imprevisibles al momento de contratar, escapan al control de la parte afectada y corresponden a riesgos que ésta no asumió, la parte en desventaja puede solicitar la renegociación del contrato.
Si las partes no alcanzan un acuerdo dentro de un plazo razonable, el tribunal competente podrá adaptar el contrato para restablecer su equilibrio o, en su caso, resolverlo. Este enfoque refleja una tendencia internacional orientada a privilegiar la conservación del contrato antes que su terminación, favoreciendo soluciones que permitan preservar la relación contractual cuando ello resulte razonable.
4.- Requisitos para su procedencia. Si bien la teoría de la imprevisión suele sustentarse en elementos comunes, su procedencia dependerá de la legislación aplicable, de la naturaleza del contrato y, en su caso, de las estipulaciones pactadas por las partes. En consecuencia, resulta indispensable analizar las circunstancias particulares de cada asunto y determinar la jurisdicción aplicable, a efecto de identificar los requisitos y el alcance de la figura en el caso concreto.
Sin perjuicio de lo anterior, de manera general, la procedencia de la teoría de la imprevisión suele exigir la concurrencia de los siguientes elementos:
a) Que el acontecimiento sea posterior a la celebración del contrato.
b) Que el acontecimiento tenga un carácter extraordinario e imprevisible para ambas partes al momento de contratar.
c) Que dicho acontecimiento sea ajeno a la voluntad y al control de la parte que lo invoca.
d) Que produzca una alteración sustancial del equilibrio económico de las prestaciones originalmente pactadas.
e) Que la excesiva onerosidad derivada del acontecimiento exceda los riesgos que razonablemente pudieron preverse o distribuirse entre las partes al momento de celebrar el contrato.
Del análisis anterior se concluye que la teoría de la imprevisión constituye un mecanismo excepcional que busca armonizar el principio pacta sunt servanda con la necesidad de preservar el equilibrio contractual cuando acontecimientos extraordinarios alteran de manera sustancial las condiciones bajo las cuales las partes contrataron. No obstante, su reconocimiento en México continúa siendo ambiguo.
Así las cosas, cobra especial relevancia que las partes prevean desde la etapa de negociación mecanismos que permitan gestionar los efectos de acontecimientos extraordinarios. La incorporación de cláusulas de revisión o renegociación de precios, mecanismos de ajuste de costos, fórmulas de actualización vinculadas a índices objetivos o cláusulas hardship, según la naturaleza de la operación, puede contribuir a preservar el equilibrio del contrato.
Finalmente, el análisis de la teoría de la imprevisión no debe limitarse a la existencia de una disposición legal que la reconozca, sino que exige evaluar las circunstancias particulares de cada asunto, el régimen jurídico aplicable y la distribución de riesgos pactada entre las partes. Una adecuada estructuración contractual continúa siendo la herramienta más eficaz para prevenir controversias y preservar la estabilidad de las relaciones comerciales.
